No es ningún descubrimiento que el fenómeno de la prostitución femenina ha crecido escandalosamente en Europa. Hay informes de la Organización Internacional del Trabajo que así lo indican. La demanda de servicios sexuales aumenta proporcionalmente al desarrollo económico de los países. Este desarrollo amplía aún más las diferencias económicas entre países ricos y pobres, con lo cual crece en paralelo la demanda en unos y la oferta en otros. El crecimiento es, por tanto, espectacular.
La demanda es un núcleo fundamental del fenómeno, a la vez que resulta poco menos que invisible. Siempre que se aborda la prostitución se hace desde el lado aparente, el de la oferta, y se ignora e incluso se protege o esconde el papel del cliente, de forma que se evita que el cliente de los servicios sexuales tenga conciencia de su contribución al mantenimiento y expansión de la explotación sexual. Olvidamos que la parte menos visible de la industria del sexo es el cliente, cuando es el responsable de que se cree demanda, y este olvido induce a creer que la prostitución es un problema que deben resolver las mujeres.
La parte menos visible de la industria del sexo es el cliente que crea la demanda
Algunas actuaciones del negocio sexual son delitos tipificados y no es preciso detenerse en ellos porque los cuerpos policiales y los organismos judiciales ya los persiguen con eficacia. Es el caso de la prostitución infantil y el de la prostitución forzada directamente por terceras personas, que obtienen beneficios o pretenden saldar deudas contraídas de forma engañosa.
El debate social debe plantearse en torno a la práctica no delictiva y habría de orientar las posiciones que los organismos legislativos, gubernamentales y jurídicos deberían tomar. El punto que parece crucial en este debate es el dilema de si la prostitución puede ser, para la persona que la ejerce, una opción libre o siempre es forzada por circunstancias personales y sociales. Si es una opción libre, la actividad debería ser admitida y los gobiernos tendrían que regularla en algunos aspectos. Si siempre es forzada, deberán prohibirla a rajatabla.
Una visita rápida y sin duda superficial a países de nuestro entorno mostrará que los criterios son distintos y las opciones, también: desde Suecia, donde la compra de servicios sexuales está totalmente prohibida, hasta Holanda, donde la actividad está regulada. Quedan en medio opciones como la de Italia, que después de unos años de regulación de las instalaciones plantea un oscurecimiento gradual, o Alemania, que propone regular las instalaciones, pero no el ejercicio, aunque obliga a pagar impuestos por ser una actividad remunerada. En España, parece que se ha considerado que la ignorancia es la mejor fórmula para sobrevivir.
Es evidente que, en Cataluña, el Departamento de Sanidad atiende las demandas de las mujeres que acuden a las consultas y, en la medida de lo posible, previene las enfermedades relacionadas con su actividad; que Bienestar Social y organizaciones privadas ofrecen posibilidades de reinserción; que Justicia, dado que la prostitución se asocia con frecuencia a droga y ésta al delito, actúa en programas específicos. Pero parece que ha llegado el momento de decir que todo esto no es suficiente.
Es necesario conocer y evaluar la situación e iniciar el debate para decidir, como sociedad, si aceptamos la prostitución y en qué condiciones. Ya no podemos dejar que algunos grupos de vecinos y vecinas, con mayor o menor motivación, intenten llevar a las prostitutas de un lado para otro hasta dejarlas en un lugar donde no molesten. Para el debate deberá contarse también con la opinión de las prostitutas y conocer de primera mano cuáles son sus demandas y cuáles los compromisos que pueden aceptar. Por lo que sabemos, parece que algunas de las demandas importantes son dejar de estar estigmatizadas y, en el caso de las mujeres que están en la calle, tener acceso a servicios como duchas o un comedor.
Si la opción es cerrar a cal y canto, se deberá conocer y evaluar la situación de las familias que viven, a veces en la ignorancia, de los ingresos de la prostitución, y prever alternativas. Si en cambio la opción es regular la actividad, deberán marcarse los ritmos y establecer prioridades y, tomados los acuerdos, dejar un tiempo para ponerlos en práctica, porque éste es un asunto muy sensible que nadie debería pretender aprovechar en beneficio propio.
Si los tiempos no están para debates serios y posiciones abiertas, será mejor dejar las cosas como están, echar tierra encima y esperar un nuevo periodo de excavaciones ideológicas.
Margarida Álvarez es presidenta del Instituto Catalán de la Mujer.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2001