La difusión del informe de fiscalización, que ha requerido dos años de trabajo, provocó ayer un gran enfado en los responsables del museo bilbaíno. En realidad, el documento iba a ser entregado el lunes al Guggenheim y al Parlamento vasco, institución que lo encargó, pero fue filtrado a varios medios de comunicación.
El Tribunal de Cuentas aprecia una desviación del coste de la construcción de 2.567 millones (un 22%), con lo que se alcanzaron los 14.388 millones frente a los 11.821 del presupuesto adjudicado. Entre estas cifras se incluyen los honorarios de Frank O. Gehry, de 1.447 millones, y la del arquitecto ejecutivo, que alcanza los 779 millones. Considera asimismo que el coste real total, incluida la puesta en funcionamiento, se eleva en otros 12.300 millones, correspondientes a la cuota pagada a la Fundación Salomon R. Guggenheim, costes inmobiliarios, la adquisición de obras de arte para la colección propia o los gastos de explotación hasta la apertura. O sea, 27.705 millones.
Las críticas del informe se fundamentan en la actuación de las dos sociedades mercantiles encargadas del aspecto inmobiliario y la adquisición de obras. El tribunal estima que debían someterse a la normativa pública de contrataciones, mientras que el Guggenheim alega que al ser privadas (aunque con capital público) no están sujetas a dicha ley. El órgano fiscalizador señala que la inmobiliaria adjudicó de forma directa trabajos por 2.784 millones.
Precios de las obras
El documento difunde por vez primera los costes de adquisición de cada obra de arte del museo, siempre ocultados por la dirección, que ascienden a 5.376 millones. Entre ellas, destacan los 493 millones por una obra de Rauschenberg, 447 millones por otra de Rothko o los 180 de Puppy, la escultura-jardinera con forma de perro de Jeff Koons. Y se critica que no se haya acreditado 'en gran parte de los casos, la supervisión técnica o asesoramiento propio que garantice suficiente autonomía de criterio'. Además, indica que la falta de documentación en la empresa privada encargada de las contrataciones de personal 'ha impedido comprobar si se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad'.
El director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, manifestó ayer su 'rotunda disconformidad' con el informe y remarcó que en la construcción y puesta en marcha 'no se ha producido ninguna irregularidad ni incumplimiento de legalidad', lo que vendría avalado, según dijo, por un dictamen encargado por la Fundación del museo a una firma de abogados. Vidarte defendió la construcción de manera simultánea a la elaboración del proyecto 'para cumplir el plazo de cinco años' y negó que hubiera desviación en el presupuesto de obras, ya que 'lo aprobado en febrero de 1993 fue de 14.028 millones, lo que supone 14 millones por encima de lo previsto'.
Rechazó también que el coste total alcance los 27.000 millones, cifra que, en su opinión, 'resulta de la adición indiscriminada de diversos conceptos' y se mostró 'sorprendido' de que el informe analice 'algo tan subjetivo' como la adquisición de obras, que 'está avalada por expertos de reputación internacional'. 'Si tan mal lo hemos hecho ¿cómo es que ahora se valoran en el mercado actual en torno a los 10.000 millones?', preguntó.
La difusión de los precios ha causado un gran malestar en la dirección. En las alegaciones presentadas al tribunal ya se plantea que 'deberían ser eliminados' del informe, al tratarse de una 'cuestión confidencial'. Vidarte negó falta de transparencia en los contratos de personal y justificó la eliminación de la documentación 'por la obligación que impone la normativa sobre la protección de datos de carácter personal'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2001