El Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo, instalado en Filipinas el 20 de enero tras una revuelta popular contra Joseph Estrada, es legítimo, según la sentencia aprobada ayer por unanimindad por el Tribunal Supremo de aquel país. Esta decisión incluye otra no menos importante, la pérdida de inmunidad de Estrada, que ahora corre el riesgo de tener que enfrentarse a una ristra de procesos por supuesta malversación de fondos y corrupción durante los 30 meses de su mandato, delitos que la ley local castiga con la pena de muerte.
La sentencia de 68 páginas hecha pública en Manila fue apoyada por los 13 magistrados de la sala, los mismos que el 20 de enero, horas antes de que Estrada se viera forzado a abandonar el palacio de Malacañang tras la pérdida de confianza del Ejército y en medio de la protesta popular, declararon vacante la presidencia, una decisión que los seguidores del presidente destronado tildaron de golpe de Estado.
'Estamos muy felices. El más alto tribunal de nuestro país ha fallado en favor de la decisión de la mayoría de los filipinos de expulsar del poder a un Gobierno corrupto y deshonesto', aseguró Roberto Capco, viceportavoz de la presidenta Macapagal Arroyo. Para el nuevo Gobierno se trata de una sentencia transcendental, que disipa cualquier duda sobre su legalidad e impulsa los planes económicos para incrementar las inversiones extranjeras, esenciales para salir de la crisis.
Pero hay otro aspecto del fallo que no ha pasado desapercibido: Estrada ya no disfruta del privilegio de la inmunidad. El Supremo filipino dice en la sentencia que esa potestad no cubre los 'actos ilegales cometidos por los funcionarios públicos' y añade que el principio de honestidad 'se vería devaluado si apoyáramos al demandante en que un presidente que no está en activo disfruta de inmunidad frente a querellas criminales por delitos cometidos durante su mandato'.
Estrada, que dispone ahora de 15 días para apelar, se enfrenta a múltiples investigaciones por malversación. Además, el Gobierno de Arroyo le acusa de haber tomado medidas que supusieron el derrumbe económico del país.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de marzo de 2001