Los primeros perjudicados por la no apertura del colegio del British Council en Alicante han sido los más de 169 niños matriculados y cuyo ciclo educativo se ha quebrado al segundo curso. Estos dos cursos los impartió el British Council en unas instalaciones provisionales alquiladas al Ayuntamiento a la espera a de recibir el nuevo centro, el construido por el Club de Inversores.
La reacción de los padres de alumnos tras el fracaso del proyecto ha sido presentar sendas demandas por la vía civil y penal, está última por presunto delito de estafa y publicidad engañosa, contra el colegió y la Consejería de Educación. La denuncia contra Educación se basa en que, a su juicio, la autorización provisional que concedió al British para impartir clases 'es ilegal', así como la manera en que el colegio comunicó el fin de las mismas.
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'Nosotros siempre nos relacionados con el British y con ellos firmamos el acuerdo y las matrículas', afirma un portavoz de los padres afectados. 'Hasta 1999 no supimos que había un contrato entre el British y el Club de Inversores para construir el nuevo centro', añade.
Este portavoz de los padres rechaza terciar en la polémica sobre si el colegio construido por el Club de Inversores se ajusta o no lo estipulado en el contrato. 'No lo sabemos porque nunca ninguna de las partes nos mostró ese documento', señala. 'A simple vista el centro parecía apto, especialmente si se compara con las aulas provisionales donde se han impartido los dos cursos o las insfraestructuras educativas en general de la ciudad', añade. Este afectado hace hincapié en los problemas pedagógicos que se han creado a los niños al suspender el British las clases.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de marzo de 2001