Las concesionarias de autopistas de peaje evalúan en 60.000 millones de pesetas el perjuicio económico que les causará hasta el final de las concesiones la congelación de las tarifas decretada el pasado año por el Gobierno, según aseguró ayer el presidente de la Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito.
La mayor parte de las concesinarias, con algunas excepciones como la pública Empresa Nacional de Autopistas (ENA), presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de la medida adoptada unilateralmente por el Ejecutivo en marzo pasado, que incumplía el acuerdo al que llegó con las empresas de revisión automática de las tarifas (aplicando una subida del 95% del IPC).
Feito indicó que, aunque el nuevo sistema tarifario que entró en vigor a principios de este año 'no es el mejor al no ser automático' (depende no sólo del IPC, sino del tráfico previsto), prefieren que el Ministerio de Fomento no lo modifique.
El responsable de la patronal considera insuficiente la construcción de 800 kilómetros de autopistas de peaje previsto en el Plan de Infraestructuras (2000- 2007), y pidió que se construya, al menos, el doble de esta cifra. En este sentido, Feito lanzó un desafío a la Administración: las concesionarias están dispuestas a asumir los 4,7 billones de pesetas de inversión previstos en el plan para la construcción de carreteras 'a cambio de concesiones de peajes', una solución que se impondrá a medio plazo 'porque el coste de mantenimiento de las autovías es inviable'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de marzo de 2001