Los Presupuestos dejaron pendientes de regularizar 484.860 millones de pesetas en 1998, según la declaración definitiva que sobre ese ejercicio ha enviado al Congreso el Tribunal de Cuentas. Ese desfase se debe en su mayor parte a subvenciones no contabilizadas y a insuficiencias de financiación de la Seguridad Social. El tribunal también señala que el Gobierno incumplió el límite legal de compromisos de gasto por importe de 220.876 millones.
Las discrepancias contables entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas son habituales y los problemas, recurrentes. El PP hizo de este debate un caballo de batalla contra el PSOE cuando ganó las elecciones en 1996 y lo utilizó de argumento para regularizar 721.170 millones mediante una subida de impuestos especiales. Pero en sólo dos años, el Gobierno del PP ha conseguido superar toda la herencia del PSOE. En 1997, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades contables por valor de 466.212 millones y en 1998, por otros 484.860 millones.
Las causas que originan ese desfase son prácticamente las mismas. De los 484.860 millones de pesetas, 76.903 millones corresponden a gastos ya pagados mediante anticipos de fondos; 50.454 millones no estaban pagados, pero sí registrados en la cuenta de la administración general del Estado; y el resto, 357.503 millones, no estaban pagados ni contabilizados. Estos gastos fueron regularizados aunque sólo en parte en años posteriores, según el Tribunal. En concreto, durante 1999 y 2000 recibieron la correspondiente cobertura crediticia 'al menos' 136.861 millones.
Entre las partidas que los Presupuestos de aquel año recogieron de forma incorrecta o no incluyeron figuran subvenciones nominativas (80.000 millones), insuficiencias de financiación de la Seguridad Social (55.959 millones), gastos por inversiones del Ministerio de Fomento y Medio Ambiente (45.033 millones) y una partida correspondiente al seguro de cambio de autopistas (30.435 millones).
El informe del Tribunal de Cuentas resalta, como ha sido habitual en años anteriores, el incumplimiento por parte del Gobierno del artículo 10 de la Ley de Presupuestos que pone como límite al reconocimiento de obligaciones de gasto la cuantía aprobada en las Cortes (créditos iniciales), con algunas excepciones, como son los créditos extraordinarios y los suplementos. En el año 1998 ese límite se rebasó en 220.876 millones de pesetas y el motivo fundamental ha sido los mayores gastos generados por las operaciones de canje de deuda llevadas a cabo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de marzo de 2001