El azar ha querido que casi 15 años después de la aprobación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el ministro de Defensa que tuvo un papel decisivo en la elaboración de aquellos controvertidos textos sea el mismo que ocupa la cartera el día que un juez ha declarado la inconstitucionalidad de dichas leyes, cuya historia se remonta al juicio a las Juntas militares de la dictadura y a la condena que dictó el tribunal, en diciembre de 1985. La Cámara Federal condenó y destituyó a los comandantes Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini. - -
- En diciembre de 1986, ante las embestidas de los militares sediciosos, el Congreso aprobó la ley 23.492, conocida como Punto Final, que estableció un límite de 60 días para la presentación de denuncias contra represores. Pasado este tiempo, no podría procesarse a ningún militar, aunque se aportaran pruebas en su contra. -
- En junio de 1987, el Parlamento dio luz verde a la ley de Obediencia Debida, que exoneraba a los oficiales de menor graduación. Los alzamientos de los carapintada continuaban. -
- En octubre de 1989, el presidente Carlos Menem indultó a 277 militares y civiles implicados en la represión, la guerra de las Malvinas, intentonas golpistas y a procesados por subversión. -
- En diciembre de 1989, el presidente Menem indultó a los comandantes de la dictadura y otros altos jefes militares y civiles de la dictadura. -
- En marzo de 1998, el Parlamento derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sin efecto retroactivo. -
- En octubre de 2000, el CELS pidió la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a raíz de una causa por la apropiación de una hija de desaparecidos. -
- En marzo de 2001, el juez Cavallo declara inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de marzo de 2001