Un juzgado malagueño le ha dado la razón a UGT y ha fallado que la central no vulneró la libertad sindical al sancionar al secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos, Francisco Povedano, con seis meses de suspensión de militancia por irregularidades en el manejo de los fondos de formación. La sentencia desestima así la demanda del dirigente -que también era miembro de los comités federal y regional de la FSP- que interpretó la sanción de la comisión de garantías confederal como una represalia.
El fallo sostiene que el expediente 'se ajustó a los estatutos sindicales'. Es más, incluso apunta que se produjeron 'ciertos defectos en su tramitación'. No obstante, la resolución señala que 'ni la tramitación ni la sanción impuesta significan una represalia', un criterio que coincide con lo manifestado con el fiscal. 'El actor alega la existencia de una sanción-represalia como consecuencia de las diferencias de orientación de su acción sindical con otros sujetos integrados en el sindicato, concretamente el señor [Juan Antonio] Triviño [anterior secretario general de la UGT de Málaga] y terceras personas que no identifica con claridad. Tal indicio, por su carácter vago e inconcreto no puede tener el efecto pretendido por el demandante', reza la sentencia.
El expediente a Povedano se inició a raíz de las irregularidades que Triviño puso en conocimiento de los órganos confederales. Pero de los cinco puntos denunciados -entre otro supuestas escuchas ilegales en la FSP malagueña-, la comisión de garantías sólo estimó uno, el que aludía a irregularidades en los cursos de formación. Además, el juez, ordena que quede sin efecto la suspensión cautelar de la sanción y vuelva a estar apartado de militancia hasta completar los seis meses.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de marzo de 2001