En 1983, cuando en España comenzó el aprovechamiento energético del viento a gran escala, la potencia eólica instalada en el país apenas alcanzaba los 0,055 megavatios. A finales del pasado año esta cifra se había multiplicado por 40.000, y la potencia global rondaba los 2.300 megavatios (un 6 % en Andalucía), balance que sólo es superado por EE UU y Alemania.
Según datos del Worldwatch Institute, este tipo de energía renovable es la que más rápidamente está creciendo en el mundo, con un 39% anual, aunque en España este porcentaje se elevó en el 2000 hasta el 49 %. El rendimiento económico a escala planetaria supera los 3.000 millones de dólares, y el empleo asociado a esta actividad se sitúa en torno a los 90.000 puestos de trabajo, de los que más de 5.000 se han creado en España.
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A juicio de organizaciones como Greenpeace, España podría alcanzar los 10.000 megavatios eólicos en 2005, y duplicar esta potencia cinco años después, de manera que el viento terminaría suministrando el 20% del consumo eléctrico nacional.
Al margen de los incentivos económicos que la Administración debe seguir aplicando a esta fuente de energía, las limitaciones a su desarrollo deben resolverse mediante la aprobación de planes que ordenen el establecimiento de los diferentes parques eólicos. Andalucía, a pesar de su potencial eólico, carece aún de este tipo de instrumentos.
En Cataluña ya existe un mapa eólico que establece zonas excluidas para la implantación de aerogeneradores, zonas de implantación condicionada y zonas compatibles, a partir de criterios estrictamente ambientales. La Comunidad Valenciana, por su parte, se ha decidido por otra fórmula de ordenación, fijando las zonas en las que necesariamente han de ubicarse los parques, de acuerdo con criterios ambientales pero también de rentabilidad en la explotación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de marzo de 2001