Las propuestas, entregadas a la ponencia que trabaja en la reforma del Senado, defienden el cambio de numerosos artículos de la Constitución, al contrario que las medidas del Partido Popular y del PSOE, que se limitan a modificar el reglamento de la Cámara. No obstante, los nacionalistas catalanes restringen este cambio al título tercero de la Carta Magna, el que se refiere a las Cortes Generales, siempre y cuando sea por consenso de todas las fuerzas políticas y rechazando un posterior referéndum.
CiU apuesta por suprimir la circunscripción provincial en la elección de los senadores, ya que esta fórmula es anterior a la configuración del Estado autonómico, y se muestra abierta a negociar el nuevo sistema: uno directo, como sucede en la actualidad, pero coincidiendo con los comicios autonómicos, y otro indirecto de los respectivos parlamentos de cada comunidad. Los nacionalistas catalanes pretenden también que el número de senadores sea proporcional a la población de cada autonomía, e incluso que haya posibilidad de incrementarlos, al contrario de las medidas de la Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC e IC-V), que apuesta por una reducción.
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Uso del catalán
Respecto a la utilización en todos los trámites de la Cámara, no sólo en los plenos, de las cuatro lenguas oficiales en España (castellano, catalán, euskera y gallego), el grupo de CiU propugna que sea un derecho reconocido en la propia Constitución y no en el reglamento de la Cámara alta. Asimismo, se defiende que los senadores de Cataluña, País Vasco y Galicia puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional, con derecho a suspensión temporal de la norma, contra las leyes sobre lengua, cultura u ordenamiento jurídico propias de su comunidad autónoma. La postura del grupo de Convergència i Unió es que el Senado refleje el carácter plurilingüe, pluricultural y plurinacional del Estado.
La principal reforma, según CiU, afectaría a las competencias legislativas del Senado, que se limitan hasta ahora a dar una 'segunda lectura de la iniciativa legislativa emprendida por el Congreso de los Diputados'. De esta manera, la Cámara alta debería tener prioridad en la redacción de todas las leyes que se refieren a la armonización legislativa entre autonomías; de transferencia o delegación de competencias desde el Gobierno central a los periféricos, y las del ámbito de financiación autonómica.
Los nacionalistas catalanes consideran que las comunidades autónomas también tendrían que participar 'directamente' en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional 'ya que éstos son parte importante', se afirma en el texto presentado en la comisión, 'en los litigios de competencias'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de marzo de 2001