EL PAÍS informaba (5 de marzo de 2001) de la retirada del patrocinio de una empresa a La Maison de la Catalogne, embajada lúdico-festiva que el Departamento de Turismo tiene abierta en París y donde el consejero Subirà se propone seguir dilapidando parte del dinero de los ciudadanos de Cataluña.
No salí de mi asombro al leer que el organismo público suscribió otro convenio con una empresa de cava donde 'las partes' se comprometen 'a buscar vías conjuntas de comercialización de los productos de la primera' y en la que se pactó que los 'espumosos' de la firma serían degustados en la sede de La Maison de la Catalogne y en los actos donde participara el organismo.
¿Queremos los ciudadanos una Administración de la Generalitat convertida en agente comercial de las grandes empresas? ¿Encaja este modelo de Administración con el previsto en la Constitución y el Estatuto de autonomía, en los cuales se establece que 'la Administración sirve con objetividad los intereses generales'? ¿Quién pone los límites al consejero?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de marzo de 2001