La orden de paralización de las obras que se realizaban en la segunda planta del número 18 de la calle del Marqués de Santa Ana se produjo tras la visita al edificio de dos agentes de la Policía Municipal acompañados por un arquitecto del distrito de Centro, quien advirtió que los trabajos en la vivienda 'ponían en peligro la estructura del edificio, además de carecer de la licencia pertinente para derribar tabiques', según P. C. H., una vecina del primer piso.
Los operarios abandonaron la vivienda. 'Pero volvieron después de comer. Llamé a la policía y detuvieron al encargado, porque cuatro de los seis trabajadores no tenían los papeles', relató esta vecina. Este extremo fue confirmado ayer por portavoces de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía, a cuya comisaría de la calle de Leganitos fue trasladado Pedro I. S. Éste permaneció en las dependencias policiales hasta la madrugada de ayer, acusado de haber cometido un delito contra los trabajadores por contratar inmigrantes en situación irregular. La empresa del detenido rehusó ayer dar su versión de los hechos a este periódico.
La vecina P. H. C. denuncia que las obras en el segundo piso, y otras que se realizaban en la planta baja, también paralizadas por orden de la Junta de Centro, han 'provocado enormes grietas en las paredes del piso'. Éstas, de unos cinco milímetros de grosor, se extienden por toda la pared de al menos dos habitaciones.
Otro vecino, trabajador de Casas de Renta Antigua, SA, la empresa propietaria del edificio, considera que estas grietas no suponen ningún problema: 'La estructura es de madera y se dilata y contrae por la humedad y la temperatura. Es inevitable que las grietas aparezcan. Yo mismo me compré un piso en la tercera planta, así que es obvio que no temo nada', declaró.
El edificio, que data de 1873 y estaba ocupado por inquilinos de renta antigua, fue comprado por la empresa en noviembre de 1999. Según el trabajador, la intención de la compañía era 'rehabilitar el inmueble y venderlo como pisos'. Para ello, 'se revisaron y arreglaron las vigas, se hizo la pocería y se puso una nueva instalación eléctrica'. 'No podemos opinar sobre las obras de la segunda planta porque las ha contratado el propietario del piso', añadió este empleado.
El gerente de Urbanismo, Luis Armada, ha ordenado una inspección del inmueble para determinar su estado. La empresa que realizaba las obras en el segundo piso debería haber solicitado la licencia para las mismas en el departamento de zonas protegidas, ya que el edificio está incluido en el catálogo de elementos protegidos (por su valor histórico). En la Gerencia de Urbanismo no consta expediente al respecto, según Armada.
Con respecto a la alarma social creada entre los ciudadanos tras los dos edificios en obras derruidos en una semana, que han provocado tres muertos, Armada señaló que sólo dos de los 4.000 inmuebles que han pasado hasta ahora la Inspección Técnica de Edificios (ITE) presentan problemas estructurales graves. A uno de ellos, en la calle de Pozas, 16, se le ha abierto un expediente de ruina que está en trámite. El otro inmueble, en la calle del Ángel, 9, que sufrió un incendio hace un año y medio, 'se desalojó y apeó [apuntaló]', concluye el gerente de Urbanismo. Otros 400 edificios han presentado deficiencias estructurales, pero éstas no requieren una intervención urgente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de marzo de 2001