El juicio oral del caso PSV quedó ayer visto para sentencia tras casi un año de sesiones y más de siete desde que la cooperativa de viviendas que agrupaba a 19.135 socios promovida por el sindicato UGT presentara la suspensión de pagos para evitar la quiebra. Ahora, la Sala tendrá que decidir si condena a los cinco imputados a penas de prisión por el delito continuado de apropiación indebida, como solicitan las acusaciones, o si dicta una sentencia absolutoria, como piden todas las defensas.
El fiscal reclama dos años y cuatro meses de prisión para el que fuera máximo responsable de la cooperativa, Carlos Sotos; dos años para los directivos de IGS, la gestora de PSV, Fermín Bretón y Francisco Hernández, y un año para los ex secretarios de finanzas de UGT Paulino Barrabés y Sebastián Reyna.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de marzo de 2001