El Ministerio de Medio Ambiente ha dado su visto bueno al proyecto de construcción de una central de ciclo combinado en Amorebieta, el proyecto energético más contestado de los cinco en marcha actualmente en Euskadi. La declaración de impacto positiva establece la puesta en marcha de mejoras ambientales, antes de empezar las obras y durante su desarrollo, como sistemas para reducir las emisiones contaminantes y una red de vigilancia de la calidad del aire.
El Gobierno central, al considerar la central de Boroa 'viable medioambientalmente', establece la necesidad de preservar el suelo y la vegetación, minimizar el ruido y las emisiones de polvo y partículas, la gestión de residuos de obras, la protección de la calidad de las aguas de los cauces próximos y la prevención del impacto paisajístico.
Para el control de la contaminación atmosférica, se obliga a disponer de un sistema de combustión que garantice bajas emisiones de óxidos de nitrógeno y un sistema de evacuación de gases residuales, 'por lo que se instalará una chimenea de 60 metros de altura'.
Red de vigilancia
Medio Ambiente establece demás la instalación de una red de vigilancia de la calidad del aire en la zona de influencia de la central, que deberá coordinarse con la red de vigilancia atmosférica del País Vasco. La declaración de impacto incluye un control de los vertidos de la central y los residuos sólidos. y destaca que el sistema de refrigeración mediante aerocondensadores evitará el consumo de agua.
Este aspecto fue corregido por la promotora, la empresa pública irlandesa ESB, tras las alegaciones del Ayuntamiento de Amorebieta y los vecinos, lo que le ha supuesto una inversión adicional de 4.000 millones de pesetas, que se suman a los 65.000 proyectados.
La central de Boroa, con una potencia eléctrica de 800 megawatios, ha tenido una fuerte contestación social. En febrero pasado, unas 8.000 personas -cerca de la mitad de la población de Amorebieta- se manifestaron en el municipio en contra del proyecto. Hace un año, se constituyó una plataforma opositora denominada Zornotza Bizirik, cuyas protestas han sido secundadas por todos los partidos locales (IU, EA, PSE y EH), salvo el PNV. La alcaldesa, la peneuvista Begoña Azarloza, no ha clarificado su postura y recientemente aseguró que el consistorio debe ser 'respetuoso con la legalidad', pero atender también a la mayoría social.
Azarloza se ha remitido al manifiesto firmado en mayor pasado por su partido, el PSE y el PP en el que expresaban su 'oposición a autorizar el proyecto' porque las normas municipales impiden implantar edificios de más de 10 metros de altura.
El consistorio debe conceder el permiso urbanístico a la central, cuyo proyecto se presentó en 1998.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de marzo de 2001