La investigación oficial sobre la corrupción en el Gobierno venezolano comenzó ayer por las irregularidades detectadas en los programas sociales, lo que ha obligado al presidente, Hugo Chávez, a reemplazar a sus compañeros militares, a los que él mismo designó desde hace dos años para manejar y administrar los fondos de ayuda a los pobres.
Tanto la Fiscalía General como la comisión parlamentaria de contraloría iniciaron sus investigaciones sobre las irregularidades administrativas de los programas sociales que maneja el Fondo Único Social (FUS) y el programa cívico militar Bolívar 2000 que han denunciado la prensa local y la propia Contraloría General (Tribunal de Cuentas) en su informe anual.
Las presuntas corruptelas van desde los errores administrativos hasta la malversación y el despilfarro de los fondos destinados para atender las necesidades básicas de los pobres, así como la creación de organizaciones no gubernamentales (ONG) para recibir los recursos con fines políticos.
El Gobierno creó el FUS para centralizar los fondos de los diversos programas sociales que mantenían los Gobiernos anteriores, como becas alimentarias a los escolares, dotación de útiles escolares y uniformes a los alumnos y otras ayudas, que apenas se ejecutaron en un 34% a pesar de que se duplicó su presupuesto el año pasado, dice el informe de la Contraloría.
En cuanto al programa Bolívar 2000, los oficiales de diferentes guarniciones militares han manejado recursos a manos llenas y sin previo control para obras de infraestructura pública. Sin embargo, las denuncias apuntan a la sobrefacturación en las compras y pago de obras inexistentes, entre otras irregularidades, según afirmó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Leopoldo Pucci, secretario general del Movimiento al Socialismo, partido aliado al Gobierno. Pucci dijo que su partido ha denunciado tres veces la corrupción en los manejos de los programas sociales y "el FUS no tiene excusas de su ineficacia. Hay que ir a fondo contra la corrupción. Hay que actuar con mayor rapidez porque ha habido retardo en las decisiones de combatir la corrupción".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de marzo de 2001