El Ayuntamiento de Barcelona tuvo que rectificar los acuerdos con sus empleados referentes al plan de pensiones, alcanzados el 23 de mayo de 1996, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que los había anulado. El fondo ha acumulado recursos por valor de 2.700 milones de pesetas.
Con posterioridad a la decisión del Tribunal, el Ayuntamiento emitió un decreto municipal 'modificando un simple defecto de forma en los acuerdos de 1996, tal como nos ha indicado el TSJC', afirmó ayer Ernest Maragall, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona.
Pese a que el Ayuntamiento concede escasa importancia a la sentencia, lo cierto es que el TSJC obligó al Ayuntamiento a deshacer los acuerdos sobre pensiones con sus empleados, lo cual podría suponer algún tipo de cautela sobre los fondos con los que se ha dotado el plan y, por tanto, sobre el destino y la rentabilidad de tales fondos.
El fondo de pensiones del Ayuntamiento de Barcelona empezó a recaudarse en 1980 y fue replanteado en 1996. La fórmula adoptada no fue aceptada por los sindicatos de funcionariosque la denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de marzo de 2001