Treinta mil antiguos trabajadores del Canal de Panamá demandaron ayer en Miami al Gobierno de EEUU acusándolo de discriminarles salarialmente con respecto a sus colegas estadounidenses y de apropiarse indebidamente del dinero que les correspondía.
La Asociación de Empleados del Area Canalera (Asedac) sostiene que las autoridades estadounidenses violaron las claúsulas laborales del Tratado del Canal y piden por ello una indemnización de al menos 1.200 millones de dólares (unos 240.000 millones de pesetas) en concepto de pagos retroactivos y compensación por daños y perjuicios.
La querella colectiva, interpuesta en el Tribunal Federal, alega que el Gobierno de EE UU les debe 300 millones de dólares de los beneficios de la Seguridad Social que no les abonó durante los 20 años que operó el canal, y otros 900 millones de dólares por no haberles indemnizado al despedirles a fines de 1999, cuando EE UU cedió el control a Panamá.
En un párrafo de la querella, de la que EL PAÍS ha obtenido copia, se acusa a la Comisión del Canal de "obrar de manera ilegal, ultrajante, maliciosa, temeraria". Los demandados son la Oficina de Administración de la Transición, la Secretaria del Ejército y la Secretaría del Tesoro de EEUU.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de marzo de 2001