El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado una orden del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social de 1997 que regulaba la concesión de subvenciones a los sindicatos más representativas, por 'no establecer ningún mecanismo de control' que garantice que la ayuda se destina efectivamente 'al fin para el que se establece'. La sentencia recuerda que el Tribunal Supremo ya ha anulado órdenes similares del citado departamento, dictadas en 1992, 1994 y 1995 a instancias del sindicato LSB-USO, excluido de las mismas.
La orden, con fecha 28 de mayo de 1997, establecía que las subvenciones se distribuirían 'proporcionalmente, en función de la representatividad (...) para la atención de los gastos derivados del ejercicio de la representación institucional que tienen reconocida en defensa de los intereses de los trabajadores'. USO impugnó la orden y reclamó a su vez el derecho a percibir por el mismo concepto 2.137.090 pesetas, petición que, sin embargo, ha sido desestimada. El motivo de la anulación de la orden es que el dinero de las ayudas procede de los Presupuestos del País Vasco y que, sin embargo, no se regula exactamente 'el fin estricto al que se vincula la asignación', lo que, según el tribunal, introduce un facto de discreccionalidad e indeterminación no ajustado a la ley.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de marzo de 2001