El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cerrará mañana, tras 20 años de tramite, la declaración de Castril (Granada) como conjunto de interés histórico merced a una ley promulgada en 1933. Durante el dilatado procedimiento, el Ayuntamiento de esta población del noreste de Granada, presidido por el alcalde socialista Joaquín Fernández (expulsado hace unos meses del partido junto al resto de los concejales del grupo municipal), aprobó una moción para dejar sin efecto la protección provisional del pueblo, lo que permitió conceder una serie de licencias sin autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio.
La Consejería de Cultura considera que el expediente, a pesar de las dos décadas transcurridas, no ha prescrito, ya que la ley en que está fundamentado no traza un plazo para su culminación. Por el contrario, el Ayuntamiento de Castril se basó en la supuesta caducidad del expediente para anular todas las cautelas que protegían al pueblo de los desmanes urbanísticos. La Junta sostiene que es la ley de 1986 que regula la declaración de bienes de interés la que sí establece un plazo, no así la de 1933. Cultura recurrió judicialmente la decisión del Ayuntamiento. Los tribunales aún no han resuelto el litigio entre ambas administraciones.
Fuentes de la Junta de Andalucía admitieron que el Ayuntamiento se puede basar en que los jueces no han determinado la vigencia del expediente para rechazar la declaración formal de Castril como conjunto de interés histórico y artístico que será aprobada por fin mañana por el Consejo de Gobierno.
La declaración de caducidad del expediente supuso el archivo inmediato de los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión del Patrimonio, el levantamiento de las órdenes de paralización de obras y la devolución de los permisos en trámite. Entre las obras que el acuerdo de la corporación de Castril legalizó se encuentra la del hostal La Fuente, propiedad del alcalde y su familia. La Consejería de Cultura ha tenido que poner en marcha todas las argucias legales de que dispone para detener la obra promovida por el propio alcalde.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de marzo de 2001