Con el recurso contencioso-administrativo, que incluye en sus 55 folios la suspensión cautelar del proyecto de palacio de congresos, la oposición municipal de Alicante intenta probar que la ocupación del Benacantil 'atenta contra el conjunto histórico-artístico, arqueológico, paisajístico y natural' integrado por el monte y la fortaleza de Santa Bárbara que lo corona, y que forman un 'todo indisoluble'.
La oposición ha alegado judicialmente todos los actos administrativos recurribles: el proyecto de ejecución del edificio, aprobado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante el 24 de enero de 2001; la resolución del consejero de Obras Públicas que modificó el planeamiento de Alicante para poder encajar el edificio en el monte; la autorización de la Dirección General de Patrimonio Artístico del proyecto básico de construcción del inmueble; y el procedimiento de adjudicación del concurso del palacio que ganó el arquitecto Juan Antonio García Solera.
Todos estos actos, según el recurso, se han adoptado con 'fraude de ley y desviación de poder', pues son contrarios a las normas municipales y a las leyes autonómicas. La oposición sustenta el recurso en dos argumentos fundamentales: las resoluciones adoptadas por las administraciones del PP no han tenido en cuenta el fondo de los informes técnicos contrarios al emplazamiento, y todos los actos administrativos se han adoptado en 'fraude de ley'. El alegato relata detalladamente cómo la Administración ha ido salvando los escollos de los informes técnicos contrarios hasta llegar a la aprobación definitiva del proyecto saltándose un puñado de normas y leyes: desde el Plan General de Alicante hasta la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.
El recurso recalca que el PP municipal, intencionadamente, no delimitó el entorno de protección del castillo de Santa Bárbara, como le exigió la Dirección General de Patrimonio, e infringió así la ley con el propósito de no ver alterado su plan 'arbitrario' de construir el edificio en el Benacantil.
El contencioso, presentado el viernes en el TSJ, se acumula a los dos recursos que ante la misma instancia judicial y con argumentos similares ha interpuesto Salvem el Benacantil, plataforma que registró en el Ayuntamiento 15.000 firmas ciudadanas contrarias a la edificación del Benacantil.
La oposición municipal ha pedido al TSJ que suspenda de inmediato el proyecto de ejecución del inmueble por los 'daños y perjuicios' que éste causaría al monte.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de marzo de 2001