Los representantes de los empresarios arroceros de El Salvador han denunciado al Ministerio de Economía por permitir una práctica desleal en el comercio del arroz, que, según sus portavoces, ha provocado que el país pierda millones de dólares anuales en concepto de aranceles no pagados. El ministro del ramo, Miguel Lacayo, uno de los hombres más cercanos al presidente del país, Francisco Flores, ha vuelto a verse así involucrado en presuntas irregularidades que pueden estar reñidas con las leyes, por segunda ocasión en menos de tres meses.
La Cámara de Agropecuaria de El Salvador (Camagro) aseguró que las autoridades, encabezadas por Lacayo "consintieron" la importación de arroz extranjero (amparado en beneficios regionales centroamericanos) sin el pago de aranceles, que hacen perder al país casi tres millones de dólares anualmente.
El presidente de Camagro, Roberto Quiñónez, denunció que el arroz importado por una empresa guatemalteca provenía realmente de otra nación no centroamericana y había evidencias reales de que no era producido en Guatemala.
Vía judicial
Los arroceros salvadoreños han interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Ministerio de Economía, a fin de que investigue y confirme si ha existido o no delito en su actuación.
Sin embargo, las autoridades de Economía aseguran que las empresas guatemaltecas Gallo Dorado y Azteca, comercializadoras de arroz, han cumplido con todas las reglas de origen que les permite comercializar, sin barreras arancelarias, en El Salvador.
La "sospecha" que tienen los arroceros salvadoreños es que en Guatemala la producción de arroz es demasiado escasa como para exportar a otros países.
Camagro asegura que Guatemala sólo produce 150.000 quintales de arroz anuales, pero consume dos millones de quintales, por lo tanto debe importar el déficit. Ésta es la segunda ocasión en que el ministro Lacayo es denunciado por supuestas irregularidades en el manejo de aranceles nacionales. En la primera, estuvo señalado por beneficiar supuestamente a su empresa personal con la anulación de aranceles para la importación de piezas que se utilizan en la fabricación de baterías de automotores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de marzo de 2001