El Consejo de Ministros aprobó ayer una dotación de 37.000 millones para desarrollar durante este año el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración, conocido como Plan Greco. No especificó, sin embargo, de dónde saldrá ese dinero.
Durante la tramitación parlamentaria del plan, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, rechazó todas las propuestas de la oposición para dotarlo económicamente. Fernández-Miranda siempre defendió que no debía tener un presupuesto propio. Alegaba que los inmigrantes se beneficiaban de las mismas partidas presupuestarias que los españoles.
La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, denunció ayer: 'El Gobierno está intentando rebañar de otras partidas para funciones presupuestarias que no existen'. También criticó que el Ejecutivo dedique más de un tercio del dinero a gastos de seguridad e insista en seguir ignorando la importancia de dotar de presupuestos ambiciosos a las políticas de integración de comunidades autónomas y ayuntamientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de marzo de 2001