El Gobierno vasco y CC OO, UGT y CSIF, firmaron ayer un documento en el que piden al Ejecutivo central que no recurra ante el Tribunal Constitucional el segundo acuerdo vasco de modernización de la Administración de Justicia porque, de salir adelante, provocaría la pérdida retributiva de unas 600.000 pesetas al año por empleado, según el Ejecutivo autónomo.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de abril de 2001