Con una pasmosa tardanza sólo explicable por las anómalas circunstancias que rodean a nuestro persistente conflicto político acerca de la identidad de la lengua propia de los valencianos, la Mesa per la Llengua, reclama ahora, mediante una cuestación para la recogida de firmas, que lo que el Estatuto de Automonía no recogió en su momento, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) obvió y, finalmente, la Llei de la Funció Pública Valenciana LFPV) dejó deliberadamente fuera de la norma, es decir, el plausible y constitucional requisito de conocimiento de la lengua propia de los valencianos para acceder a la función pública, sea fijado por ley de la Generalitat. Aprovechando este mes de abril, ya tradicional para la exhumación de las viejas reivindicaciones de los usuarios leales del valenciano, la Mesa ha publicado un manifiesto correctísimo donde se recoge la distinción formal entre funcionarios de la Generalitat y funcionarios de la Administración central o periférica, a la hora de exigir, de entrada, el requisito lingüístico para los de la Administración autonómica valenciana.
Las tres leyes de referencia fueron aprobadas y elaboradas en tiempos de pactos estatuyentes (el Estatuto) o mayorías absolutas (LUEV y LFPV) y fueron aplaudidas entonces como un buen punto de partida por amplios colectivos ligados a las reivindicaciones lingüísticas. Sin embargo, al no establecer el ente normativizador de la lengua propia, al renunciar en las políticas prácticas de la Generalitat al modelo de inmersión lingüística (que después el TC reconoció tan constitucional como el de separación, que es el desarrollado entre nosotros), y al liquidar las consecuencias jurídicas de la declaración de lengua propia que la LUEV hace a favor del valenciano, el Gobierno del PP se encontró a la lengua bajo mínimos, y a los instrumentos a su servicio, idóneamente diseñados para lo menos. Si el PP se comprometió a resolver el primer asunto (con el encargo del dictamen al CVC y la posterior propuesta de creación de la AVL), y logró acuerdos con el PSPV-PSOE, para los otros dos no movió ninguna ficha; y si en el primer asunto las cosas están como están, no parece sensato pensar que en el modelo lingüístico educativo y en el requisito lingüístico para el funcionariado vaya a haber cambios. Sin Academia, sin pacto para prestigiar y ampliar los ámbitos de uso del valenciano, y sin negociación global entre actores políticos, culturales y sociales a propósito del despliegue de la lengua como instrumento normal de comunicación la petición de la Mesa se va a estrellar en el muro de la inacción y el desinterés. Esta petición que echa a andar ahora, tres lustros largos después de haberse promulgado la LUEV, no llega en ningún momento de euforia ni en el clima adecuado de diálogo y convergencia que este tipo de decisiones necesitan. Y es que la mayor parte de los actores implicados en este dilatado contencioso a propósito de la lengua propia de los valencianos no invierte un real en pedagogía, buenos oficios o políticas de acercamiento; esperar a una hipotética victoria de la oposición, que en sus doce años de gobierno no desbloqueó nada de lo que ahora permanece bloqueado, es, además, como apostar a nuevos episodios de repliegue prudente sobre la inacción. Así que, o hay diálogo y proyecto de arreglo global, o cosecharemos una nueva frustración, muchos años después de cuando debimos exigir y lograr que el requisito lingüístico fuese exigido a quienes optan a servir a esta pueblo desde la función pública.
Vicent.franch@eresmas.net
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001