Los responsables de Hacienda de cinco ejecutivos autonómicos expresaron ayer en Barcelona su deseo generalizado de aprovechar la renovación del sistema de financiación para cerrar un gran Pacto de Estado que selle un sistema de financiación de las autonomías estable para muchos años. Pero, al mismo tiempo, manifestaron diferencias técnicas incluso entre comunidades regidas por el mismo partido político sobre cómo repartirse el dinero.
A pesar de que sólo hay tiempo hasta septiembre -cuando se cierren los Presupuestos Generales del Estado- se mantienen las diferencias esenciales sobre los criterios de participación en los recursos, como el primer día. Así quedó en evidencia ayer en la mesa redonda Pautas para la reforma del modelo de financiación autonómica que se celebró en la Escuela de Administración Pública de Cataluña en Barcelona, a la que asistieron los consejeros de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Galicia y Cataluña.
Comunidades como Galicia o la Comunidad Valenciana, discreparon sobre el criterio de financiarse en el futuro en función al gasto por habitante.
El consejero de Economía de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, defendió la financiación per cápita y subrayó que todas las comunidades buscan incrementar su nivel de autonomía financiera. Rambla dijo que el nuevo modelo debe tener criterios de compensación estables.
Sin embargo, Rambla no se mostró partidario de 'dividir la Agencia Tributaria en 17 pequeñas agencias', aunque sí de una participación de las comunidades autónomas en la misma.
El consejero de Economía de Galicia, Xosé Antonio Orza, no se mostró partidario de la financiación per cápita porque 'no garantiza' que los servicios sean similares en todas la comunidades. Orza aseguró que el nuevo modelo de financiación debe incidir en la autonomía financiera y posibilitar un acuerdo sobre cuáles son los recursos suficientes para poder dar respuesta a las competencias y servicios que cada comunidad presta a los ciudadanos. Además, Orza consideró que la negociación debe garantizar que 'ninguna de las partes puede alterar el modelo unilateralmente'.
Entre las comunidades gobernadas por el PSOE, también hay contradicciones entre los partidarios de la financiación per cápita y los detractores del método. El consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, también apostó, como el resto de consejeros, por alcanzar un modelo estable en cuanto a la distribución de recursos. Aragón está en contra de los criterios de gasto per cápita y defiende tener en cuenta la estructura de la demografía y la dispersión de la población.
El consejero de Asturias, Jaime Rabanal, dijo que la propuesta del Gobierno le parece un 'buen punto de partida', pero que hay que tener en cuenta las características de algunas comunidades, como Asturias, 'una comunidad en declive, con crecimientos bajos en los últimos años' y con la población más envejecida de Europa.
El consejero catalán Francesc Homs (CiU) admitió, por primera vez, modificar los criterios de financiación per cápita con elementos correctores como el envejecimiento poblacional o la dispersión geográfica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001