La aprobación hace una semana por el Parlamento de la Comunidad Valenciana de una Ley de Uniones de Hecho gracias a los votos del PP ha suscitado un estruendoso guirigay; si la irritación de algunos publicistas ante la noticia revela su escaso entusiasmo por el desarrollo del autogobierno territorial, la formidable escandalera eclesiástica contra el reconocimiento administrativo de las parejas homosexuales muestra la extremada vulnerabilidad de los principios constitucionales cuando andan en juego la moral y las costumbres pastoreadas en exclusiva durante largo tiempo por la Iglesia. Los destinatarios de la nueva ley son aquellas parejas que mantengan de forma libre, pública y notoria una relación estable de convivencia basada en la afectividad durante un periodo ininterrumpido de doce meses. La izquierda parlamentaria ha negado sus votos a la norma por considerarla insuficiente; las asociaciones de gays y lesbianas atribuyen a las interferencias eclesiásticas restricciones tales como la falta de equiparación de esas uniones con el matrimonio y la exclusión de la adopción. La norma ha desatado -pese a todo- la furia de los obispos: es fácil imaginar hasta dónde habrían subido las aguas si España hubiese servido de escenario a los matrimonios civiles de homosexuales solemnemente celebrados el pasado domingo en el Ayuntamiento de Amsterdam.
No se trata de la primera regulación autonómica sobre la materia. Otras leyes sobre parejas de hecho han sido aprobadas ya por los Parlamentos de Cataluña en 1998, de Aragón en 1999 y de Navarra en 2000 (recurrida ésta por el Gobierno ante el Constitucional a causa de la adopción); varias comunidades se disponen a seguir su ejemplo. Las reticencias y las burlas que han salpicado al presidente Zaplana por haber ejercicio una competencia estatutaria llevan a la desalentadora conclusión de que el Estado de las Autonomías sigue siendo para algunos un juguete expuesto en el escaparate que no conviene tocar. El Gobierno de Aznar, por lo demás, podría frenar fácilmente esa criticada proliferación normativa: bastaría con que el PP dejase de seguir haciendo uso de la mayoría absoluta para rechazar -como ayer hizo en el Congreso - las proposiciones de ley presentadas por la oposición y enviase a las Cortes su prometido proyecto de Unión Civil.
Pero las dimensiones más inquietantes de la tremolina organizada en torno a la ley valenciana son las pretensiones de negar derechos a una minoría en nombre de los valores de la mayoría y la irrupción en el escenario parlamentario de las autoridades eclesiásticas con el propósito de imponer coactivamente a la sociedad entera a través del Estado unos mandatos morales cuyo cumplimiento sólo obliga a los creyentes en la religión católica. La prueba del nueve del pluralismo democrático es su capacidad para respetar las preferencias ajenas, gusten o no sus contenidos, sin más limitaciones que las libertades y los derechos fundamentales; si las opciones sometidas a discusión pertenecen a minorías hostigadas durante largo tiempo por la vía penal, tal y como ocurre con los homosexuales, la exigencia constitucional de amparar la libertad de conciencia, el derecho a la elección individual y la autonomía personal se refuerzan considerablemente.
Las críticas dirigidas contra la Ley de Uniones de Hecho -tildada incluso de 'utopía marxista'- por las autoridades eclesiásticas y su intimidatorio ultimátum a los diputados católicos del PP, enfrentados al dilema moral de obedecer las recomendaciones de los obispos o votar en conciencia, no significan sólo una manifestación de intolerancia. También son una preocupante señal de la resistencia de la Iglesia católica a extraer las consecuencias prácticas del carácter laico de nuestro sistema político.
El artículo 16 de la Constitución declara que 'ninguna confesión tendrá carácter estatal', aunque establezca compensatoriamente que 'los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española' y cooperarán con la Iglesia católica y otras confesiones: tras varias décadas de nacional-catolicismo, sólo faltaría que las autoridades eclesiásticas tratasen ahora de seguir imponiendo a todos los ciudadanos de un Estado laico sus particulares criterios sobre la moral y las buenas costumbres.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001