Con una tenacidad digna de mejor causa, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt se aferra a la presidencia del Congreso (legislativo, unicameral) y recurre a cuanta argucia legal se le ocurre a sus abogados para no someterse a la decisión del Tribunal Constitucional que lo desaforó, junto a 23 congresistas más, por el presunto delito de la alteración de una ley que grava las bebidas alcohólicas, cuya tabla impositiva fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con una escala hasta un 50% menor a la aprobada en la sala.
Para evitar ser enjuiciado y cuando ya se sabía que el Constitucional los despojaría de la inmunidad, Ríos y sus congresistas, quienes en un intento por evadir su responsabilidad en la adulteración de la ley "inventaron" un inexistente Fondo de Revisión (potestad que permite a los diputados introducir cambios en la fase final del proceso de aprobación de una ley), sancionaron una reforma a la Ley de Régimen Interior del Congreso, de la cual se eliminó la cláusula que obligaba a los directivos a abandonar el cargo en caso de desaforo. En su urgencia por hacer valer la chapuza, el BOE circuló dos veces el mismo día para que la reforma, aprobada a marchas forzadas por el rodillo oficial, cobrara vigencia inmediata. Nunca, en la historia política de Guatemala, había ocurrido algo semejante.
Cuando el Constitucional declaró que esa reforma violaba flagrantemente la Carta Magna, el general anunció que no abandonaría el cargo, pues la decisión del tribunal derogaba la norma y, ante su ausencia, sería el Congreso el encargado de legislar para llenar ese "vacío legal".
La oposición, unificada por primera vez desde el inicio de la Legislatura en enero de 2000, recurrió en amparo para que el Constitucional hiciera valer su autoridad y obligara a Ríos y comparsas (ya conocidos por el humor negro guatemalteco como "la banda del general", en alusión a una de las pandillas criminales más sangrientas del país) a abandonar el cargo. No obstante, la ausencia de la presidenta del Tribunal, Conchita de Mazariegos, de visita oficial en España, ha impedido al cuerpo colegiado reunirse para dictaminar al respecto.
Este paréntesis ha sido aprovechado por el oficialismo para orquestar un campaña de tales dimensiones que obligó al Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon, integrado por prestigiosos especialistas sin filiación político-partidista) a publicar un análisis jurídico de la situación; éste concluye que los cargos directivos de los congresistas desaforados "han quedado vacantes por imperativo legal" y, en consecuencia, los encartados "deben ser separados inmediatamente de sus funciones". El Cedecon no deja cabos sueltos y, tras señalar que corresponde al pleno del Congreso elegir una nueva directiva, advierte a quienes se resisten a dejar el cargo que su actitud puede llevarlos a adquirir responsabilidades penales adicionales.
Esta advertencia no ha caído en saco roto y Ríos, quien dice padecer de una enfermedad bronquial, no ha presidido las sesiones, aunque las mismas han sido dirigidas por la segunda vicepresidenta, Zury Ríos, alter ego de su padre y a quien la oposición atribuye ser el auténtico poder en la sombra, ante las evidentemente menguadas facultades del anciano general.
Desprestigio creciente
Todo esto ocurre en medio de un escándalo que afecta directamente al prestigio del hombre que pudo superar las terribles acusaciones de violador de los derechos humanos en su contra, debidamente documentados en los informes Guatemala, nunca más del malogrado obispo Juan Gerardi, y Memoria del silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, merced a su discurso de cristiano renacido, con valores basados en la honestidad a toda prueba. Su lema "no miento, no robo, no abuso" y sus promesas de "bienestar, seguridad y justicia" encandilaron a una población cansada de un poder público secuestrado por la hez de la sociedad guatemalteca.
Sin embargo, la prensa ha revelado cómo el riosmonttismo no ha hecho otra cosa que magnificar todos los errores y corrupción de sus predecesores. El último escándalo fue comprobar cómo el Gobierno ha desviado recursos para sacar a flote dos bancos en la ruina de quien fuera el mayor avalista del Frente Republicano Guatemalteco durante la campaña electoral: Francisco Alvarado MacDonald, accionista mayor y presidente de los bancos Promotor y Metropolitano.
En un intento por salvar el naufragio de estos dos bancos, el Gobierno depositó, a tasas de intereses sensiblemente inferiores a la oferta local, 1.400 millones de quetzales (unos 180,6 millones de dólares) que fueron desviados de capítulos vitales para el desarrollo de Guatemala, como la educación, la vivienda o la sanidad pública; son tres de las grandes asignaturas pendientes del país, amén de ser compromisos adquiridos por el Estado en los Acuerdos de Paz que en 1996 pusieron fin a la guerra civil que durante 36 años ensangrentó el suelo guatemalteco.
No obstante la evidencia, que obligó a la Superintendencia de Bancos a intervenir las entidades mencionadas en un intento de neutralizar el sentimiento de pánico que afecta a todo el sistema financiero del país, el Gobierno trata ahora de desviar la atención y ha iniciado una campaña frontal contra los periodistas, particularmente contra el equipo de investigación del matutino local elPeriódico, cinco de cuyos reporteros sufrieron amenazas de muerte durante el fin de semana.
Aunque el balón parece estar todavía en el techo y, a la postre, las maniobras de Ríos Montt pueden llegar a burlar la legalidad vigente, cada día parece más evidente que el viejo general ha perdido la batalla más importante de su vida y saldrá de la escena política por la puerta trasera de la historia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001