Las ciudades de Cochabamba y La Paz fueron ayer escenario de ruidosas manifestaciones de protesta contra el incumplimiento del Gobierno de compromisos contraídos el pasado año, nuevos reclamos de mejoras salariales y condiciones laborales, en lo que se considera el comienzo de un mes muy conflictivo.
La coordinadora de defensa del agua y la vida demostró su poder de convocatoria, al reunir a miles de manifestantes este martes en la ciudad central de Cochabamba, que exigieron a voces la condonación de la deuda del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semap), porque estrangula su crecimiento.
La coordinadora -una agrupación integrada por sindicatos laborales, campesinos y entidades profesionales, que encabezó la llamada guerra del agua del año pasado- ha dispuesto una serie de acciones de protesta para lograr, por lo menos, una renegociación de la deuda de 30 millones de dólares, como había planteado previamente ante las autoridades de Gobierno.
La negativa gubernamental a considerar la propuesta de suspender los pagos y conceder un periodo de gracia se derivó en la exigencia de condonar totalmente esa deuda, que impide destinar recursos a la inversión y ampliación de los servicios de agua potable que en Cochabamba beneficia al 60% de la población.
Los principales dirigentes de la coordinadora lanzaron duras críticas al Gobierno por el incumplimiento de los convenios, que se firmaron para acabar los conflictos del año pasado, y condenaron por corrupto al sistema político tradicional durante una concentración previa a la marcha por el centro de la ciudad.
Algunos grupos radicales que participaron en la manifestación incitaron a la toma de las oficinas del comité cívico, una agrupación similar a la coordinadora pero acusada de oficialista, que fueron desalojadas pacíficamente ante la presencia de efectivos de la policía. Otros manifestantes rodearon las instalaciones de la empresa de luz, a fin de reforzar el pedido de rebajas en las tarifas del servicio eléctrico.
El gobernador de Cochabamba, José Orías, restó importancia a la protesta y la atribuyó a fines electoralistas y no a demandas regionales.
La Paz fue escenario también de ruidosas manifestaciones de médicos del seguro social público, que piden exámenes de competencia para cargos directivos, de los trabajadores de dos hospitales estatales, que rechazan la adjudicación de servicios de limpieza y cocina a empresas privadas, y de la central obrera boliviana, que exige un mayor incremento salarial.
El ministro del Interior, Guillermo Fortún, anunció que el Gobierno está dispuesto al diálogo para evitar todo enfrentamiento, pero que no permitirá que se atente contra el orden público y la paz social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001