Será difícil en el futuro encontrar una oferta pública de venta (OPV) para colocar acciones en Bolsa tan desafortunada como la de Iberia. Tampoco existen precedentes de una salida al mercado con tan pobres resultados. Después de tres años de continuos aplazamientos de la privatización, decididos primero por el ministro de Industria de entonces, Josep Piqué, y luego por el equipo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encabezado por Pedro Ferreras, resulta que los propietarios han sido incapaces de encontrar un momento mejor para la colocación, no han sabido resolver los problemas empresariales crónicos de la empresa -como el de la conflictividad endémica del sindicato de pilotos- y han enturbiado los mensajes sobre los activos de la compañía, como el amago de segregación de la central de reservas Amadeus.
Las consecuencias sobre el valor de la compañía en Bolsa son devastadoras. Si el núcleo de accionistas estables valoró el 100% de la compañía en 454.000 millones en marzo del año 2000, la OPV arrancó con una valoración total de la empresa de 180.000 millones. Es decir, que en poco más de un año el valor de Iberia se ha hundido en más del 60%. Esta depreciación se explica no sólo por el empeoramiento continuado de los mercados de valores, sino también por la sensación del accionista potencial de que Iberia es una empresa cautiva de los pilotos, de la utilización de criterios políticos para resolver los problemas de la compañía -fue un gran error amenazar en marzo con suspender la OPV si el SEPLA no renunciaba a su huelga- y, por fin, la persistencia de planes de empresa inconclusos para mejorar la productividad y su balance financiero. Una cuenta de resultados saneada y en beneficios no ha impedido que los inversores sigan percibiendo que Iberia necesita grandes mejoras de eficiencia.
Estamos, pues, ante una seria depreciación de una empresa pública que ganaba 36.500 millones de pesetas debido a una colocación ineficiente. El problema de la depreciación en Bolsa se transforma además en un embrollo mayor, porque el núcleo duro de accionistas españoles -El Corte Inglés, Caja Madrid, BBVA, Logista y Ahorro Corporación- pide el mismo trato dado a British Airlines, que firmó un contrato que garantizaba un precio de mercado para su participación del 10%, y no de acuerdo a la valoración inicial de la compañía en 454.000 millones.
Las consecuencias de tan deplorable gestión son, por una parte, que el Estado ingresará una cantidad ridícula en relación con las valoraciones iniciales y, por la otra, que los nuevos accionistas comprobaron ayer cómo en su primer día de cotización decendía aún más el valor. El presidente de la SEPI ha de explicar en el Parlamento por qué se ha producido esta cadena de despropósitos que ha empobrecido el patrimonio público. Existen responsabilidades que debe afrontar el anterior propietario de la empresa, la SEPI.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de abril de 2001