Vicente Rambla, consejero de Hacienda, ha sido investido con poderes extraordinarios para controlar al milímetro los gastos de las distintas consejerías y reprogramar las inversiones públicas. Pero sólo tenía previsto ejercer tales atribuciones a partir del mes de junio, mediado el ejercicio presupuestario.
Sin embargo, la complicada situación financiera que atraviesa la Generalitat, cuya deuda ronda ya el billón de pesetas, ha precipitado las medidas de control cuando apenas ha transcurrido un trimestre del presente ejercicio presupuestario.
Los responsables de la gestión diaria del gasto público se encontraron ayer con todos los grifos cerrados. No pudieron autorizar ningún movimiento relativo a las inversiones propias de cada consejería. Pero, sobre todo, tropezaron con la imposibilidad técnica de transferir fondos a empresas públicas que ejecutan inversiones a cuenta de la Generalitat o a administraciones locales, muchas de las cuales se encuentran literalmente estranguladas por falta de fondos.
La Diputación de Valencia, por ejemplo, arrastra una deuda que supera el 135% de su presupuesto ordinario, una situación financiera que sitúa a la institución provincial en una situación de flagrante ilegalidad, puesto que el máximo de deuda autorizado a cualquier administración pública está fijado en el 110% de su presupuesto ordinario.
Hacienda requirió además, a los responsables económicos de las distintas consejerías, estimaciones sobre las posibles desviaciones detectadas hasta la fecha en las previsiones de gastos de personal recogidas en los presupuestos.
Ninguna fuente oficial ofreció explicaciones sobre el tenor de la medida ni sobre su posible dilación en el tiempo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de abril de 2001