La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas acordó ayer por unanimidad solicitar una fiscalización sobre la legalidad, eficacia y economía de la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz durante los ejercicios de 1982 a 2000.
La solicitud inicial, presentada por el grupo socialista, se refería a los años 1995 a 2000, pero finalmente fue aceptada una transaccional del PP en la que pedía ampliar la fiscalización al periodo 1982-2000.
La diputada del PSOE María Teresa Costa consideró que los datos sobre la gestión pondrán en evidencia 'unos compromisos a todas luces irregulares'.
En la propuesta de resolución del grupo socialista, se explica que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz es la entidad concesionaria de este recinto y tiene como objeto el establecimiento y explotación de la misma.
En la misma se pide que la fiscalización afecte a la contratación del Consorcio con terceros, especialmente, a los contratos de publicidad, promoción y exposiciones, así como a los gastos de representación, protocolo, relaciones exteriores e institucionales y a los realizados en viajes, hoteles, restaurantes, alquiler de vehículos y regalos de representación. Las denuncias del PSOE por estas partidas terminaron con el cese de Manuel Rodríguez de Castro (PP) como delegado de la Zona Franca.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de abril de 2001