Habrá ley de contenidos audiovisuales, pero no tendrá facultades ni para regular ni para sancionar esos contenidos. El PP, que aceptó en comisión algunas enmiendas del PSOE e IU, impuso su mayoría para sacar adelante una normativa que, según la oposición, 'no protege los derechos de los ciudadanos'. La socialista Alicia Acebes tachó el proyecto de 'chapuza legislativa y social' y el representante de IU, Fernando Marín, lamentó que no se hubiera siquiera tomado como ejemplo el de Cataluña, que concede al consejo que se crea con esta ley capacidad sancionadora y de asesoramiento.
Los miembros del Consejo Audiovisual (que sólo tiene funciones consultivas) son nombrados y cesados por acuerdo del Gobierno. Estará integrado por tres personas de reconocida competencia técnica y profesional, designadas por la Asamblea de Madrid; cuatro representantes de la Administración de la Comunidad; uno de la Oficina del Defensor del Menor, y otro de las organizaciones de consumidores y usuarios, designado por el Consejo de Consumo de Madrid. El diputado del PP, Pedro Muñoz justificó el proyecto de ley alegando que los socialistas, cuando gobernaron, impusieron en los distintos consejos a sus correligionarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de abril de 2001