La compañía aseguró que seguirá suministrando energía eléctrica a sus 13 millones de clientes. Con ello, PG&E consigue protegerse, de momento, del acoso de los acreedores. En su comunicado, PG&E asegura que se vio forzada a la quiebra debido a la imposibilidad de asumir unos 'costes de energía de 300 millones de dólares al mes' y ante el hecho ' de que las negociaciones con el gobernador Davis no llevan a ninguna parte'. La compañía prevé anunciar el despido de muchos de sus 21.500 empleados.
'El proceso político y legislativo nos ha fallado y ahora nos remitimos a los tribunales', dijo su presidente, Robert Glynn Jr. 'Esperamos que éstos nos permitan encontrar una solución que hasta ahora no han podido conseguir las autoridades de este Estado'. PG&E y la otra gran distribuidora del Estado, Southern California Edison (SCE), han acumulado deudas cercanas a 12.000 millones de dólares (2,1 billones de pesetas) en los últimos meses. Los distribuidores no pueden repercutir en las tarifas los altos precios que pagan por la energía en el mercado libre. La situación llevó al Estado a sufrir una crisis energética, plagada de cortes de luz, programados o repentinos, desde hace meses.
Reproche
Glynn aseguró que si Davis hubiera actuado el pasado otoño, cuando PG&E 'presentó varias propuestas' para una solución, 'habríamos conseguido mantenernos solventes y buscar nuevos contratos para comprar energía a precios más bajos'. Según dijo, se habrían ahorrado miles de millones 'que se despilfarraron'.
El anuncio de la quiebra ocurre un día después de que Davis, a través de un discurso televisado, ofreciese a las compañías aliviar sus deudas entregándoles parte del dinero recaudado con la subida de las tarifas eléctricas aprobada la semana pasada. El 27 de marzo, California decidió subir un 46% las tarifas (un 36% para los clientes de la distribuidora Socal Edison y un 27% para los abonados de PG&E). 'Esto es una gran sorpresa', dijo ayer el portavoz de Davis. 'Hemos hecho todo lo posible por evitar el colapso del sector', añadió. Recordó que el Estado ha gastado 50 millones de dólares diarios para evitar la quiebra de las empresas privadas de suministro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de abril de 2001