Estoy extrañada ante el poco revuelo que ha levantado en la opinión pública de nuestro país el lamentable incidente de la invasión del despacho de nuestro Defensor del Pueblo por un grupo de emigrantes y estudiantes. No puedo entender que se les permitiera acceder a él de forma violenta. Si yo, o cualquier otra persona, hubiera intentado entrar en un edificio oficial rompiendo las barreras de seguridad, me hubieran detenido, y con razón. Creo que la defensa de los derechos de los emigrantes no se puede hacer atacando una institución democrática y estoy segura de que en cualquier otro país de la Unión Europea no se hubiera consentido una actuación similar. Da la impresión de que los españoles no nos atrevemos a defender con firmeza y equidad al mismo tiempo los principios sobre los que se asienta nuestra democracia. Parece que no tengamos seguridad en ella y nos dé miedo mantener los derechos y deberes de la Constitución.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de abril de 2001