El PSOE quiere que se fiscalice el uso de fondos públicos para enviar a su país a inmigrantes ecuatorianos como paso previo para aceptarlos en España, lo que se conoce como Operación retorno. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Jesús Caldera, dijo tener 'serias dudas' sobre la legalidad de este plan y quiere que el Tribunal de Cuentas abra una investigación.Caldera no cree 'aceptable' el gasto de 500 millones de pesetas para enviar a los ecuatorianos a su país a 'recoger un papel' y que, vistos los resultados, 'la legalidad' del plan 'está en entredicho'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de abril de 2001