El Partido Popular (PP) desbloqueó ayer la tramitación del proyecto de Ley de Urbanismo tras asegurarse de que Convergència i Unió (CiU) asumirá algunas de las medidas liberalizadoras que exigen los conservadores. El consejero de Política Territorial, Pere Macias, renunció en el último momento a llevar el proyecto al Consell Executiu de la pasada semana al no contar aún con el visto bueno del PP.
Macias se entrevistó ayer con el diputado del PP Josep Maria Fabregat y el proyecto será examinado en la reunión que el Gobierno catalán celebrará la próxima semana. Macias se comprometió a asumir los planteamientos liberalizadores del PP, que presentará sus propuestas concretas en forma de enmiendas en el Parlament. La ley se debatirá en la Cámara en otoño y los conservadores exigen que entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2002.
El PP pretende reducir el peso del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) y mejorar las condiciones de las constructoras: entre otras cuestiones, propone reducir los plazos administrativos para examinar los proyectos, imponer el silencio administrativo positivo y autorizar a los ayuntamientos a rebajar las obligaciones sociales de las constructoras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de abril de 2001