Junta y Gobierno vienen negociando desde mayo de 1996 el traspaso de las políticas activas de empleo, conversaciones que, pese a su duración, no se han traducido en un acuerdo firmado por ambas partes. Hace ya cinco años el entonces consejero andaluz de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, sugirió a su homólogo en el Gobierno central, Javier Arenas, la posibilidad de negociar esta transferencia, solicitud que la Junta formalizó en octubre de ese año.
A lo largo de 1997, en plena guerra institucional entre ambas administraciones, esta reivindicación quedó enterrada por otros conflictos bilaterales.
Sin embargo, 1998 comenzó con optimismo: Arenas anunció el 2 de enero que el traspaso se cerraría ese año. De hecho, en abril se constituyó la ponencia técnica para la negociación. Pero pasó 1998 y las conversaciones no fructificaron.
1999 llegó con un nuevo ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, andaluz como Arenas, y que hizo el mismo anuncio que su predecesor el año precedente. Así, el 10 de abril, Pimentel aseguró que la Junta recibiría las políticas activas de empleo ese año. Es más, en junio abogó por que el Gobierno andaluz gestionase inmediatamente parte de esta competencia. 1999 acabó y tampoco hubo acuerdo, pese a las repetidas reuniones entre técnicos del Gobierno y de la Junta para avanzar en el traspaso.
En 2000, año electoral, las negociaciones se ralentizaron hasta que en octubre hubo una nueva reunión de la ponencia técnica con el fin de impulsar de forma definitiva el traspaso. Desde entonces, ha habido numerosas reuniones, en un clima de optimismo, que llevaron al consejero de Empleo, José Antonio Viera, a anunciar el 10 de enero la inminente transferencia de esta competencia.
De hecho, según Viera, el 1 de marzo se celebró una reunión en el que se dio por culminada la negociación. Sin embargo, el Gobierno niega este acuerdo y dice que todavía hay más tiempo para negociar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de abril de 2001