El juzgado que investiga las falsificaciones en las solicitudes de voto por correo en la Cámara de Comercio de Málaga se declaró ayer incompetente y volvió a remitir las actuaciones a la Audiencia provincial. La resolución fue adoptada después de que el fiscal reclamara cinco años de prisión y otros tantos de inhabilitación para un notario inculpado en el caso. Por la pena solicitada, el caso no puede ventilarse en un juzgado, sino que debe dirimirse en la Audiencia.
La decisión es la misma que la juez adoptó hace un año. Pero entonces, el juicio estaba sin acabar y la Audiencia devolvió las diligencias para que concluyera la vista dentro del ámbito del juzgado. Ayer debía seguir el juicio. De hecho, ante las puertas del juzgado esperaba una veintena de testigos. Pero las defensas y el fiscal renunciaron a las pruebas pendientes a fin de no dilatar el proceso ya que se sabía que el ministerio público al final insistiría en elevar la pena para el notario y por lo tanto la vista se tendría que repetir ante la Audiencia.
No hubo sorpresas y tras la renuncia a la práctica de las pruebas, el fiscal subió el castigo para el fedatario público de nueve meses de suspensión de empleo a cinco años de inhabilitación y otros tantos de cárcel. La juez, por tanto, no pudo dejar el caso visto para sentencia, sino que tuvo que inhibirse y remitir las actuaciones a la Audiencia, que es el tribunal competente. En la causa están inculpados el ex vicepresidente de la Cámara, dos ex vocales, un empresario y un notario.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de abril de 2001