El Tribunal de Cuentas desgrana en 90 páginas las supuestas anomalías e irregularidades de la gestión económica de León durante 1997. El alcalde de este municipio se vio envuelto en un escándalo en 1998 debido a que entre sus gastos de representación figuraba la compra de gomina y pasteles. Los auditores públicos denuncian ahora que el Ayuntamiento no le ha facilitado documentos esenciales a pesar de su reiterada reclamación, como justificantes de pagos, contabilidad de costes, relación de transferencias y subvenciones, y relación de deudores.
'En el análisis del 13% de los contratos suscritos, cuyo importe equivale al 67% del total, se ha observado un incumplimiento de los principios legalmente establecidos en la tramitación de los expedientes y en la ejecución de las prestaciones', señala el informe.
Los auditores apuntan que en los contratos de obras, 'en la selección de los adjudicatarios se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, e igualdad'. A modo de ejemplo, la pavimentación de la calzada de la avenida de Ordoño II se adjudicó por urgencia y sin publicidad, pero luego se duplicó el plazo de ejecución.
En la adjudicación de la construcción de un puente sobre el río Bernesga, la mesa de contratación rechazó, sin abrir sus proposiciones económicas, a cuatro de los siete ofertantes, cuando parte esencial para otorgar el contrato era el menor precio. El informe señala que los contratos no se ejecutan conforme a los proyectos aprobados, sino que sufren modificaciones 'que no responden a necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas'.
En los contratos de suministros, 'la mayoría son objeto de prórrogas, conculcando con ello los más elementales principios de publicidad y concurrencia que deben regir en toda contratación pública. Y cita el caso de que el jardinero mayor formó parte de una mesa de contratación a pesar de que tenía tres parientes en primer grado en la empresa adjudicataria.
'En ninguno de los expedientes de órdenes de pago a justificar analizados', señala el anteproyecto, 'consta el informe del interventor sobre la cuenta justificativa de aquéllas'.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la opinión del alcalde sobre el anteproyecto de auditoría del Tribunal de Cuentas. Un portavoz municipal aseguró que el informe 'no refleja ninguna irregularidad contable' y que pedirán 60 días de plazo para presentar alegaciones, informa Marifé Moreno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de abril de 2001