No se puede tratar igual a quienes ocupan diferentes posiciones en la cadena del narcotráfico porque de sus acciones se derivan también consecuencias muy distintas. La propuesta de los responsables del Plan Nacional de modificar el Código Penal para que las penas que se apliquen por tráfico de droga sean más proporcionales a la importancia de la actividad delictiva parece razonable. No es lo mismo, ni produce el mismo daño social, traficar con toneladas de droga que hacerlo con unas cuantas dosis.
El gran traficante suele pertenecer a redes que operan tanto en el comercio ilegal de drogas como de armas o personas, manejan ingentes cantidades de dinero y su capacidad de corrupción alcanza a gobiernos e instituciones. El pequeño traficante, en cambio, el último eslabón de la cadena, es verdugo y víctima a la vez: produce un daño porque contribuye a expandir la droga, pero la mayoría de las veces se trata de un toxicómano que se ha convertido en camello para poder proporcionarse la droga.
Ésta es la perversión intrínseca del actual sistema: hace que quienes caen víctimas de la drogadicción se conviertan, impelidos por su propia dependencia, en traficantes o ladrones. El tráfico ilegal favorece que los toxicómanos se conviertan en vendedores para poder mantener una adicción de la que no es fácil liberarse y a fomentar la extensión de la drogadicción a otras personas porque de ello depende su propio consumo. Se convierten así en pacientes y agentes al mismo tiempo de la propia enfermedad.
En estas condiciones, su grado de libertad es más que relativo. En cambio, quienes mueven los hilos del gran tráfico, no sólo se aprovechan de esta debilidad, sino que muy a menudo gozan de medios que les permiten eludir con relativa facilidad el cerco de la justicia. Por eso, parece lógico que a la hora de ser juzgados y condenados por su actividad la pena que se les aplique sea mayor que la del pequeño traficante, como propone el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, del mismo modo que también parece necesario reforzar las medidas legales destinadas a dificultar el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de abril de 2001