'Las prioridades de las transferencias pendientes las debatió y aprobó el Parlamento vasco en 1995. Es decir, qué transferencias, su orden de prioridad y con qué criterios deben ser transferidas ha sido ya establecido por acuerdo de todos los partidos. El resultado ha sido desolador. El Gobierno central ha hecho oídos sordos a la voluntad del Parlamento vasco de completar el desarrollo del Estatuto. Ni se han transferido las competencias en Trabajo y Seguridad Social, ni las de Infraestructuras, ni las de Investigación, por citar algunas. Es un auténtico escándalo político, especialmente si tenemos en cuenta que los dos partidos que han tenido responsabilidades de Gobierno en Madrid -el PSOE y el PP- insisten tanto en el Estatuto y la Constitución. Desde este punto de vista, ambos partidos son un fraude porque afirman defender algo que ni comparten ni han cumplido'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de abril de 2001