El desalojo de los estudiantes de Ciencias de la Información, el pasado 23 de abril, por parte de la policía ha saltado a los medios de comunicación y ha sido objeto de debate público.
Que sepamos, ninguna opinión, salvo la oficial de las autoridades académicas, ha sido manifestada por parte de profesores de la Universidad Complutense de Madrid ante un suceso que a nuestros ojos cobra una importancia extraordinaria.
Consideramos que la decisión tomada por la autoridad académica que llamó a las fuerzas de orden público y autorizó su intervención fue completamente desproporcionada.
En primer lugar, porque parece demostrado que los estudiantes no ejercieron violencia alguna en su acción.
En segundo lugar, porque supone la demostración, por parte de las autoridades académicas, de una impotencia para solucionar dentro de la propia institución lo que a todas luces nos parece un conflicto de ámbito universitario, a solucionar con las herramientas adecuadas para ello que son, ante todo, el diálogo y la negociación.
En tercer lugar porque demuestra la falta de sensibilidad e incapacidad para afrontar una petición estudiantil transformando una cuestión universitaria en un problema de orden público.
Con ello se quiebra además el principio del fuero universitario que ha sido una tradición y un estandarte de la libertad de expresión universitaria.
¿Cuál fue el delito o falta cometidos por los estudiantes en su acción? ¿Qué reivindicación tan inaceptable pretendían como para tomar una decisión tan fulminante? Utilizar un espacio vacío y en desuso durante años para organizar un aula social.
Por tanto, si objetivamente la acción nos parece desproporcionada, ¿qué es lo que encierra detrás?
La actuación de las autoridades académicas pone en duda su capacidad para asumir en toda su amplitud la pluralidad de opiniones y tratar con flexibilidad actividades que no pasen a través de cauces institucionales.
Entre los males endémicos de la Universidad española figura la pasividad y falta de participación de los alumnos en su pulso vital y la escasez de iniciativas propias.
Por ello, es especialmente grave responder a una iniciativa estudiantil de un modo tan represivo e inadecuado.
Las justificaciones oficiales invocando, de un lado, la defensa de la propiedad de los locales universitarios y, del otro, utilizando el argumento de la existencia de una situación general de violencia entre los estudiantes son especialmente desafortunadas, pues vivimos en una universidad en la que el desarrollo de la docencia, la investigación y el diálogo puede ejercerse y, habitualmente, se ejerce con toda normalidad.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de abril de 2001