Los alaveses más necesitados percibirán este año un 14% más de ayuda social que el resto de los vascos beneficiados. La aprobación por parte de la Diputación alavesa de la denominada prestación asistencial de garantía mínima, contemplada en los presupuestos como una de las exigencias sociales de los socialistas en su acuerdo económico con el gobierno foral PP-UA, supondrá que desde este mes de abril hasta finales de año 1.650 familias percibirán estas cantidades.
Se trata de unas ayudas complementarias a la renta social contemplada en la Carta de derechos sociales, una modalidad asistencial que sustituye desde finales del año pasado al Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), una circunstancia que ha obligado a la institución alavesa a modificar su propia normativa. Esta nueva regulación cuenta con un presupuesto de 240 millones de pesetas y está estructurada en cinco tramos según el número de miembros con que cuenta la unidad familiar.
Con esta prestación se equipara el importe del salario social mensual en su tramo más básico al salario mínimo interprofesional (SMI), alcanzando para una familia de un miembro las 72.120 pesetas frente a las 63.105 pesetas del sistema general. La prestación consta de 12 pagas anuales frente a las 14 del SMI, por lo que representa el 80% del mismo. En el tramo más alto, para una familia con cinco miembros o más, la Diputación incrementa en 15.000 pesetas al mes las 105.175 que supone la renta del Gobierno vasco, alcanzando las 120.175 pesetas.
El ejercicio anterior los beneficiarios de ayudas sociales fueron 600 en el territorio alavés mientras la partida económica presupuestada alcanzó los 100 millones de pesetas. En aquel modelo existían dos techos máximos de ayuda, de 685.000 pesetas anuales para familias de un solo miembro y de 885.000 pesetas para familias más amplias. Según el nuevo sistema de subvenciones, éstas se mueven entre las 865.000 pesetas y las 1.442.000 pesetas al año.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de abril de 2001