'Nos han pegado un pequeño tirón de orejas', explicó Blanca González, concejal de Bienestar Social de la ciudad de Elche, en referencia a la conclusión general del I Congreso Nacional de Atención a la Diversidad, clausurado ayer. Los ponentes (140 expertos, llegados de España, Inglaterra y Estados Unidos) han realizado una petición común a las autoridades reclamando ayudas para la integración de los estudiantes discapacitados en los centros de estudio.
En particular, los participantes han exigido a la Generalitat Valenciana 'más medios y personas, y menos palabras', puntualizó González. La concejal ilicitana pone como ejemplo el caso de dos minusválidos, estudiantes del Instituto Victoria Kent, los cuales tuvieron que esperar dos meses para incorporarse a clase porque el Consell no aprobaba la contratación de un ayudante que los trasladara.
Otra de las conclusiones del Congreso ha sido el rechazo mayoritario de los ponentes a la política educativa del Gobierno central. En opinión de Francisco Jiménez, de la Universidad de Gerona, 'la LOGSE no es la ley que querrían los políticos actuales, por lo que no es raro que no se aplique correctamente'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de mayo de 2001