La Comunidad no hará nada para aclarar la falsificación de miles de diplomas otorgados por academias privadas que llevaban, sin autorización de la Facultad de Informática, el logo y el sello de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El escándalo ha provocado una investigación interna en la UPM para aclarar responsabilidades, y la oposición reclama al Gobierno regional que intervenga para aclarar los hechos.
Sin embargo, el director general de Universidades, José García, sostiene que la Consejería de Educación carece de competencias para investigar al personal universitario que haya podido participar en el supuesto fraude. García afirma que son el Ministerio de Educación y la facultad 'los únicos que pueden emprender acciones contra los infractores', aunque admite que 'el asunto es de juzgado de guardia'.
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El director general de Universidades niega igualmente a estos diplomas cualquier tipo de validez oficial: 'Los únicos títulos universitarios oficiales son los que reconoce la ley, y éstos, indudablemente, no se encuentran entre ellos'. García asegura que es el ministerio, como máximo responsable de las titulaciones oficiales en España, quien debe tomar las medidas oportunas. Lo mismo cree que debe hacer la Politécnica, pues en este centro es donde se ha cometido el supueto fraude.
Pero fuentes del ministerio insistieron ayer en que las competencias 'están completamente cedidas a la Comunidad' desde hace dos años. 'Debe ser la universidad, y en su caso la Comunidad, quien aclare el presunto fraude'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de mayo de 2001