Los jueces han dado la razón a la Comunidad en su pleito contra el bingo Pegaso. La Consejería de Hacienda cerró de forma cautelar esta sala el pasado 15 de septiembre al descubrir que los propietarios habían contratado a figurantes para que jugasen cartones y que luego entregaran los premios a la sala. Pero los dueños del bingo y los propios trabajadores recurrieron. Fundaron su recurso en una presunta vulneración del principio de proporcionalidad y en la prohibición legal de 'adoptar medidas provisionales [el citado cierre] que puedan causar díficil o imposible reparación o vulneración de los derechos reconocidos en la ley'.
Pero el Juzgado número 6 de lo Contencioso-Administrativo recuerda ahora en su sentencia que 'la adopción de medidas cautelares en un procedimiento sancionador no vulnera derechos constitucionales, siempre que exista una norma que permita su adopción, se establezca por resolución fundada y se base en la razonabilidad'.
Los jueces creen que la 'medida [de cierre] es acorde a los principios constitucionales, pero produce perjuicios de difícil reparación a terceros [los trabajadores]'. Por ello, no condena a ninguna de las partes al pago de las costas, aunque insiste en que 'la resolución combatida fue ajustada a derecho'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de mayo de 2001