La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana acusó ayer al Ayuntamiento de Valencia, que preside la popular Rita Barberá, de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a través de una domiciliación bancaria sin la autorización del contribuyente. La secretaria general de la asociación, Ana Zarzuela, apuntó ayer que han recibido quejas de ciudadanos que pese a no haber ofrecido sus datos bancarios al Ayuntamiento, se les había cargado el impuesto, que oscila entre las 24.000 pesetas y las 35.000 pesetas, e incluso puso el ejemplo de personas que al desplazarse al Consistorio a pagar, advirtieron que ya lo habían hecho a través de su banco de forma involuntaria.
La asociación de consumidores pidió al Ayuntamiento 'más diligencia y de este modo evitar las molestias que puede ocasionar a los ciudadanos exigir la devolución del pago'. Zarzuela señaló que la demora en la recuperación del dinero, acompañado de intereses, puede ser de un año y apuntó que desconocía si el error en la tramitación de los pagos tenía origen en las entidades bancarias, o en el Ayuntamiento, que, al tener los datos bancarios de los contribuyentes por otros pagos, podría habérselos facilitado a los bancos.
Desde la concejalía de Hacienda, un portavoz desmintió rotundamente los hechos. Señaló que no consta ninguna reclamación de vecinos por el hecho denunciado por la Unión de Consumidores y calificó de 'falsa' la acusación. 'No hay constancia de que haya sucedido un solo caso' [de cobro bancario sin autorización], apuntaron desde el departamento que dirige Alfonso Grau.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de mayo de 2001