El dictamen del CES llama la atención no sólo sobre la modificación prevista por el Gobierno de la composición de los consejos sociales, que aumentarían considerablemente el número de miembros, sino también sobre el mismo método de elaboración de la ley, que sería 'deseable', dice, fuera fruto del consenso. Lo destacable, además, es que los miembros del pleno del Consejo Social que representan a la Administración autonómica votaron a favor del dictamen y éste fue aprobado por unanimidad.
En primer lugar, el CES insinúa el carácter inoportuno del anteproyecto al señalar que entiende 'que cuando se ha anunciado públicamente por parte de la ministra de Educación la modificación de la Ley de Reforma Universitaria', su contenido 'podría verse afectado por la citada modificación'. El texto utiliza un lenguaje muy sutil pero pone en tela de juicio la idoneidad del momento en el que se ha planteado esta normativa, en coincidencia con la postura de contestación adoptada por la mayoría de las universidades públicas valencianas respecto a la propuesta del Consell.
El Comité Económico y Social refleja específicamente en su dictamen la propuesta de reducir 'de forma muy significativa (un 50%) la representatividad que en la actualidad tienen los agentes económicos y sociales (organizaciones empresariales y sindicales más representativas)'. Ante esta intención, el CES de la Comunidad Valenciana 'estima que dicha reducción debería reconsiderarse, dado el importante papel que dichos agentes han desarrollado y deben seguir desarrollando en los consejos sociales de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana'. Para el comité, la representación actual debería mantenerse para lograr una 'consolidación y mejora' del sistema educativo universitario.
Otra 'observación' del CES alude a una cuestión casi formal pero que deja entrever el exceso de celo de la Generalitat a la hora de legislar sobre consejos sociales. El dictamen indica que, desde una perspectiva técnica, 'la propuesta legislativa es excesivamente reglamentista, puesto que una parte del contenido de diferentes artículos del mismo es más propio del desarrollo normativo posterior'. Algunas observaciones al articulado también coinciden con las objeciones expresadas por las universidades. Es el caso de las competencias económicas en la programación plurianual: El CES entiende que es necesario incorporar la expresión 'a propuesta de la Junta de Gobierno'. También se introduce esta expresión respecto a 'la planificación estratégica de la universidad'.
El dictamen se refiere también al nuevo Consejo Social Interuniversitario de la Comunidad que prevé el anteproyecto. Sobre esta novedad, el CES considera que 'en la coordinación del sistema universitario valenciano deberían participar tal y como se contempla en la normativa vigente, además de los presidentes, los intereses representados en los Consejos Sociales'. En último lugar y en un escueto párrafo, el pleno del comité, reunido ayer en Castellón, advierte al Consell de que una norma que 'supone una modificación importante de la participación social en nuestro sistema público universitario sería deseable fuera fruto de la negociación y de un consenso lo más amplio posible'.
El pleno rechazó una enmienda parcial presentada por UGT y CC OO para que la oficina interventora de cada universidad no dependa del Consejo Social.
El consejero de Educación, Manuel Tarancón, fue optimista respecto al dictamen, que ve como 'el respaldo de sindicatos, empresarios y sectores sociales a una Ley de Consejos Sociales adecuada que permitirá una mayor participación social y plural en las universidades valencianas', pasando por alto las numerosas observaciones hechas al anteproyecto por el Comité Económico y Social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de mayo de 2001