El pasado día 19 me dirigí a la Delegación del Gobierno de Madrid para llevar un escrito de un grupo de madres-padres del colegio público San Isidro y pasarlo por registro, solicitando permiso para poder realizar una concentración en la plaza del Ayuntamiento, en Aranjuez, en contra del no desmantelamiento de la antena de telefonía móvil que se instaló en las inmediaciones del citado colegio y que hasta la fecha no se ha hecho.
Al llegar a la mencionada delegación y presentarme en el registro, la funcionaria allí presente se negó en rotundo a registrar el escrito porque, según ella, hay que solicitar el permiso con 10 días de antelación. Le indiqué que tenía la obligación y el deber de registrarlo, tal como indica la Ley de Procedimiento Administrativo, negándose otra vez.
Ante mi insistencia en que era su obligación el registrarlo y, después, ya contestarían lo que creyesen conveniente, autorizando o no la concentración, la referida funcionaria, llamó dos veces por teléfono y, una vez finalizadas las llamadas, me indicó que me fuese por la otra puerta y hablase con el señor jefe de Seguridad Ciudadana. Allá me voy y, después de pasar dos controles, por fin me llevan a presencia del citado señor que dice llamarse don Manuel, creo recordar, el cual me empieza a dar una serie de explicaciones sobre normas legales que no tenían nada que ver con lo que yo quería, por lo que, una vez más, le indiqué que lo único que deseaba era registrar el escrito que llevaba y nada más. Me volvió a citar no sé cuantas normas y, ante mi insistencia, cada vez más acusada, optó por decirme que saliera por la puerta y me fuese al registro, donde me registrarían el escrito, cosa que hice.
Ante estos hechos, que ni siquiera se daban en los tiempos de la infame dictadura que este país ha sufrido durante 36 años, a uno se le vienen al cerebro unas cuantas preguntas: ¿por qué esa negación a registrar algo que ellos tienen que resolver? ¿Acaso es que lo que pretenden es que no quede constancia de haber presentado algo, para así después no poder reclamar? ¿Acaso desconocen la norma sobre procedimiento administrativo, ley básica en el funcionamiento de la Administración del Estado? No sé lo que pasará, lo cierto es que la realidad es ésa y, como se puede observar, bastante lamentable, más aún en los tiempos que corremos, pero, si nos acordamos de algunos de los actos llevados a cabo por la mencionada delegación últimamente, a lo mejor ya no parece tan raro, ¿verdad?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de mayo de 2001