La Dirección general de Comercio de la Junta de Andalucía comunicó ayer a la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba que no aprueba la propuesta de modificación de su reglamento de régimen interior 'por ser contraria a la normativa vigente' y también porque infringe principios de representatividad y objetividad al servicio de los intereses generales, así como 'el principio de funcionamiento democrático a que deben someterse las cámaras'. La resolución de la Administración autonómica, que tiene encomendada la tutela de estas corporaciones privadas de derecho público, cierra, con un duro dictamen, una reforma estatutaria polémica que motivó enfrentamientos entre los miembros del pleno de la institución y que contó con un informe en contra del secretario general que fue solicitado por la Junta de Andalucía.
La Cámara de Comercio cuenta con un mes para recurrir esta resolución, pero con toda probabilidad no lo hará, y esperará a que el Parlamento de Andalucía apruebe la nueva Ley de Cámaras, para posteriormente adaptar sus estatutos a la nueva legislación. Además, la institución vive un momento de transición, ya que el presidente bajo cuyo mandato se aprobaron los estatutos, José Adame, renunció a su cargo y a su vocalía en enero, en gran parte debido a las pugnas internas generadas por el cambio de reglamento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de mayo de 2001